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miércoles, 17 de julio de 2013

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma de la funcion publica Asturiana

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma de la función pública que reduce los puestos de libre designación en el Principado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Medidas en Materia de Función Pública y Organización Administrativa del Principado de Asturias, que incluye una serie de cambios organizativos dentro de la Administración autonómica.

Así, se reducen de forma significativa los puestos de libre designación, que pasarán de los actuales 417 a 157, lo que supone el 0,78% del total de la Administración.

Por primera vez las jefaturas de servicio pasarán a ser cubiertas por concurso y no por libre designación, un sistema que quedará circunscrito a los puestos de secretaría de despacho y conductores de miembros del Consejo de Gobierno y viceconsejeros, así como para los directores de centros y establecimientos públicos que determine la relación de puestos de trabajo y los puestos directivos, una nueva figura prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que se desarrollará ahora por primera vez en Asturias.

El personal directivo estará compuesto por empleados públicos encargados de desempeñar los puestos de más alta responsabilidad dentro de la Administración, contarán con el mayor grado de autonomía funcional y estarán sujetos a un plan anual de objetivos. 

El número de puestos directivos tiene un límite: no podrá ser superior al doble del número de direcciones generales de la Administración.

Otra de las novedades del proyecto de ley es que se establece una distinción entre el ámbito político y la carrera administrativa de los empleados públicos.

De este modo, los secretarios generales técnicos y el interventor general deberán ser funcionarios, mientras que, con la regulación que existía hasta ahora, cabía la excepción justificada. Por su parte, los viceconsejeros, directores generales y directores-gerentes de organismos públicos tendrán configuración de alto cargo y no les será exigible la condición de funcionarios.

La ley contempla, asimismo, la agilización de los procedimientos de concursos, tal y como han venido demandando las organizaciones sindicales.

La puesta en marcha de todas estas medidas no supondrá en ningún caso un incremento de la plantilla de trabajadores ni del gasto.

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