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lunes, 31 de octubre de 2011

Personal estatutario y de entidades sanitarias concertadas: el Tribunal Supremo ve a unos mas iguales que otros.

La sanidad pública puede ser prestada por personal sanitario estatutario ( procedentes del viejo Insalud o pertenecientes a los servicios de salud autonómicos) o por personal sanitario de entidades privadas que mediante un Concierto o Convenio con la Administración asumen la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos. Es cierto que tan médicos o enfermeros son unos como otros y que el mismo servicio prestan a los pacientes.
El problema viene dado cuando la Administración sanitaria tiene que valorar la experiencia o servicios prestados en tales entidades concertadas en múltiples procedimientos administrativos: reconocimiento de servicios previos a efectos de trienios,  fase de concurso de méritos para acceder a la condición de personal estatutario, valoración de tales servicios a efectos de la carrera profesional en la Administración sanitaria, etc.
En estos casos, la cuestión crucial radica en si debe valorarse por igual tal experiencia, haya sido adquirida como personal estatutario de la Administración o como personal laboral de entidades concertadas ( Fundaciones, Sociedades mercantiles,etc), y eso es lo que nos aclara una recientísima sentencia del Tribunal Supremo.
 1.    El criterio que se adopte afecta a la vida profesional de miles de personas y las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Justicia no han dado respuesta unánime. Así, unas Salas han equiparado la valoración de tales servicios ( si la prestación sanitaria es la misma, la experiencia profesional es idéntica y su valoración ha de ser igual) mientras que otras Salas han considerado que está ajustada a derecho la distinta valoración ( si la experiencia responde a un distinto vínculo laboral de quien la presta y distintas condiciones y régimen, puede valorarse de distinto modo).
 2.   Pues bien, la recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de Octubre de 2011 (rec.314/2009)  zanja la cuestión y sienta el criterio para el futuro cumpliendo su papel de unificar criterios de los Tribunales de inferior rango. Escuchemos a la Sentencia:
  En primer lugar, aclara la idea de que prestar servicio sanitario al Sistema Nacional de Salud no comporta el cambio de naturaleza de un Centro, cuando la sentencia afirma:
De lo anterior se desprende la dependencia del centro sanitario de un específico organismo autónomo no es lo único que determina su pertenencia al Sistema Nacional de Salud. Lo decisivo es la titularidad pública de dicho centro y esa pertenencia se da, también, en los centros cuya titularidad directa corresponde a la Administración General del Estado, a la Administración General de cada una de las Comunidades Autónomas, a las Diputaciones y a los Ayuntamientos.”
En segundo lugar, se rechaza la automática equiparación de los servicios prestados en centros concertados y centros públicos:
se invoca la vulneración de los artículos 14 y 23.2 de la CE , la sentencia impugnada aplica indebidamente los principios de igualdad, mérito y capacidad vulnerando así los preceptos citados como infringidos, en relación con el artículo 33 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud . En efecto, consideramos acertadas las razones ofrecidas por el recurrente para defender que no se puede establecer como regla general la equiparación de todos los centros concertados con los centros públicos sino que se debe resolver caso por caso cuando haya de aplicarse el Acuerdo de selección, que según alegaba el Gobierno de Cantabria, no todos los centros privados concertados son iguales ni todos son equiparables a los públicos ya que en muchos sólo se conciertan determinados servicios y técnicas sanitarias y no toda la actividad del centro.
Por eso la mera homologación no basta para suponer sin más la equiparación de los centros sanitarios privados con los centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, pues las condiciones de acceso a una y otra clase de centros sanitarios para prestar servicios en ellos son diferentes: en los públicos rigen los principios de igualdad, mérito y capacidad, mientras que en los privados prima el principio de libertad empresarial.
También es diferente, igualmente, la actividad de unos y otros, pues no coinciden la cartera de servicios, el volumen de trabajo, el número de pacientes y usuarios y los medios técnicos utilizados y de ahí que sea distinta la experiencia adquirida en unos y otros.”
 3. A idéntica conclusión podría llegarse con un sencillo argumento. El Concierto es una figura que permite a la Administración, por su insuficiencia de medios, contar con entidades privadas para prestar servicios públicos o de interés público: ¿ debe considerarse idéntica la experiencia del profesorado de Centros educativos concertados cara al acceso por concurso-oposición a la condición de profesor de cuerpos docentes?. La respuesta negativa demuestra con mayor claridad el distinto régimen de unos y otros servicios, y las distintas consecuencias de la valoración de la experiencia en el ámbito de la función pública.
  Y todo ello, sin olvidar que en el caso de la experiencia en instituciones públicas, contamos con Registros de personal y certificaciones expedidas por funcionarios que acreditan la realidad, alcance, extensión y no duplicidad de experiencia. En el caso de las entidades privadas concertadas pueden surgir dudas razonables sobre “qué” se certifica y “en qué” condiciones de veracidad.
4.  En suma, volviendo al criterio del Tribunal Supremo, aunque deja la puerta abierta a demostrar la posible identidad de condiciones en cada caso concreto entre personal estatutario y no estatutario, con carácter general el Tribunal Supremo parece dar la razón a la conocida frase de “Rebelión en la Granja” (Orwell,1945): “ Todos somos iguales, pero unos mas iguales que otros”. Y con ello,  parece que la distinta valoración de los servicios prestados por personal estatutario y por personal de entidades concertadas no conculca el principio de igualdad.

jueves, 27 de octubre de 2011

Boletin FEP Digital nº 74

Aquí dejamos el enlace del Boletin Digital de la F.E.P. del mes de octubre:
http://www.fep-uso.es/attachments/2330_bdfep_74.pdf

miércoles, 26 de octubre de 2011

Los juristas avalan que el Parlamento tutele los recortes del sector público. Los expertos dudan de que la iniciativa que ha unido a PSOE, PP e IU pueda tener carácter retroactivo y anular el ajuste puesto en marcha por Cascos .

El Parlamento asturiano tiene capacidad para recuperar la tutela sobre los recortes del sector público empresarial del Principado, pero es complicado que pueda desbaratar el ajuste presupuestario de 156,8 millones de euros acordado por el Gobierno regional a principios de este mes. Éstas son las conclusiones de los juristas sobre la iniciativa promovida por los tres grupos de la oposición en la Junta General del Principado para dar marcha atrás en la reordenación del sector público y controlar la ejecución del Presupuesto de este año. Los expertos consultados  coincidieron en que el problema de fondo radica en que el Gobierno regional se encuentra en minoría en el Parlamento asturiano, ya que cuenta únicamente con el respaldo de los 16 diputados de Foro frente a los 29 que suman PSOE, PP e IU.
Pleno en la Junta General del Principado.
«La aprobación de la ley del Presupuesto Regional compete al Parlamento. Es una de sus principales competencias. Hasta hace unos años, la ley de Presupuestos y la de Acompañamiento eran las únicas leyes que se discutían y votaban en la Junta General del Principado», afirma Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, quien precisó: «La gestión del Presupuesto regional es competencia del Gobierno, pero bajo el control del Parlamento». El jurista admitió que la proposición de ley promovida por el PSOE, el PP e IU «puede crear una disfunción, pero desde el punto de vista legal es irreprochable (...) El uso de la potestad legislativa corresponde al Parlamento».

Bastida puso como ejemplo las negociaciones que afrontó meses atrás el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los nacionalistas vascos para sacar adelante distintos recortes en el Congreso de los Diputados. El catedrático destacó que en Asturias «el Gobierno está en minoría y debe gestionar el presupuesto que aprobó otra mayoría distinta (...) con una oposición beligerante la política de recortes encuentra más obstáculos en la Junta General del Principado. A su juicio, el Gobierno regional «debe buscar alianzas o acuerdos con el PP, como en el caso del Ayuntamiento de Siero, para tener una mayoría y poder actuar. La gobernabilidad es complicada si no está apoyada en una mayoría parlamentaria», diagnosticó el catedrático de Derecho Constitucional. Un argumento que también comparte el economista ovetense Jonás Fernández, director de estudios de la consultora Solchaga Recio & asociados. «Sería deseable un acuerdo parlamentario tras el 20-N porque la estabilidad institucional supone un activo en sí mismo y siempre es preferible a un gobierno en minoría y sin capacidad de generar acuerdos».

Begoña Sesma, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho, considera que el Parlamento asturiano «puede modificar la ley para recuperar la competencia sobre la reordenación del sector público empresarial, que había delegado en el Gobierno regional». En cambio, tiene «serias dudas» sobre el carácter retroactivo que la oposición pretende para el ajuste de 156,8 millones de euros si prospera la proposición de ley que acaba de presentar la oposición en la Junta General del Principado. «En materia de ejecución presupuestaria está clara la división de poderes: el Gobierno presenta el proyecto, el legislativo aprueba y el Gobierno ejecuta y decide si dispone de determinadas partidas, con un uso racional y motivado de esa competencia; la normativa presupuestaria permite introducir modificaciones. Es lamentable la poca disciplina presupuestaria que existe en este país y que ha sido denunciada reiteradamente por el Tribunal de Cuentas, pero la retroactividad me genera dudas porque cuando el Gobierno tomó unas decisiones lo hizo amparado por una ley aprobada por el parlamento, que delegaba en el ejecutivo. La retroactividad atentaría contra el principio de seguridad jurídica», argumentó. 

http://www.lne.es/asturias/2011/10/26/juristas-avalan-parlamento-tutele-recortes-sector-publico/1147803.html

En el Ayuntamiento de gijon, la Alcaldesa Moriyón incide en que las ´francas irregularidades´ del Botánico tendrán ´responsabilidad cero´.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha indicado este miércoles que las "francas irregularidades" en la gestión del Jardín Botánico corroboran las sospechas del Gobierno Local sobre la "muy mala gestión" del mismo y ha adelantado que demuestran que las cosas no se hicieron bien.

De todo ello, se dará cuenta al Consejo de Administración este viernes antes de hacerlas públicas y se pondrá en manos de los servicios jurídicos, aunque ha augurado que la responsabilidad que se pueda depurar es "cero".

Moriyón, antes de la firma de un convenio en la Universidad de Oviedo, ha puntualizado, no obstante, que las irregularidades aludidas no tienen que ver con la externalización de los servicios, que son legales. Pese a ello, sobre esta ha replicado que sobre el nuevo Equipo de Gobierno hubiera "múltiples fantasmas" de que iban a privatizar las empresas públicas, cuando el Botánico es el ejemplo de "privatización encubierta".

A este respecto, ha aludido a la alta cifra de dinero de los servicios que estaban externalizados y se ha preguntado sobre cómo es que los empleados de Emulsa no trabajaban en el Botánico. Lo lógico, a su juicio, es que los trabajos de limpieza se acometieran desde Emulsa y ha remarcado que si no era suficiente con la plantilla, hay una bolsa de trabajadores de la empresa. A esto ha añadido que el importe pagado a la empresa que hacía el servicio era de 500.000 euros, a los que se suman otros 100.000 euros por otros trabajados a la misma compañía.

Sobre posibles consecuencias, ha apelado a las múltiples malas actuaciones en la gestión que se hacen en distintos organismos y que la responsabilidad es "cero". "Es muy difícil la barrera entre lo que puede ser penalizado judicialmente o un despilfarro de dinero o una mala gestión que hoy no está penalizado".

Moriyón ha indicado que este es un debate que está en la sociedad y ha explicado que puedes hacer una gestión con malos resultados económicos con unas pérdidas sucesivas de año en año hasta llegar a 1,5 millones de euros pero no eres responsable "ante nadie". "Hoy día no hay responsabilidades en ese tema", ha apostillado.

En cuanto a las auditorías a empresas municipales, ha apuntado que está la de la Agencia Local de la Energía que sigue en estudio en el servicio jurídico municipal y la del Jardín Botánico, de la que se dará cuenta al Consejo de Administración el próximo viernes. 

http://www.lne.es/gijon/2011/10/26/moriyon-incide-francas-irregularidades-botanico-tendran-responsabilidad-cero/1148054.html

En el Ayuntamiento de Oviedo, Foro pregunta al PP por la comida de altos dirigentes en las dependencias municipales. Arturo González de Mesa ha advertido de que Gabino de Lorenzo "utiliza el Ayuntamiento como si fuera su cortijo particular"

El portavoz del Grupo Municipal Foro Oviedo ha trasladado al Pleno del Ayuntamiento una serie de preguntas en torno a la comida de altos dirigentes del PP en la Junta General que tuvo lugar el martes en dependencias municipales.

González de Mesa, en un comunicado, ha requerido los criterios que se han seguido por parte del equipo de Gobierno de Gabino de Lorenzo para organizar una comida de carácter político en las dependencias municipales, quién y cuándo se ha autorizado esa comida, los gastos que se han producido y por cuenta de quién corren, así como qué beneficios, tangibles o intangibles, le ha reportado esta comida al Ayuntamiento.

Arturo González de Mesa ha advertido de que Gabino de Lorenzo "utiliza el Ayuntamiento como si fuera su cortijo particular. Lleva 20 años haciendo y deshaciendo a su antojo, actuando como un caudillo en la política regional y manejando los hilos de su partido desde su atalaya, despreciando a la institución que representa y a todos los ovetenses".

"*Qué razón de alto interés municipal existe para que Gabino de Lorenzo ofrezca una opípara comida en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento a sus compañeros de partido? *Qué tenían que celebrar para regar la comida con un buen vino criado en barricas de roble y acompañar los postres y la sobremesa con champán y varias botellas de whisky de 12 años?", se pregunta Arturo González de Mesa.

El portavoz de Foro Oviedo ha señalado que De Lorenzo "todavía no ha asimilado que los ovetenses le han comenzado a dar la espalda y ya no tiene mayoría absoluta". 



http://www.lne.es/oviedo/2011/10/26/foro-pregunta-pp-comida-altos-dirigentes-dependencias-municipales/1148067.html

El Gobierno pone en marcha el cheque bebé y el salario joven. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno ha incidido en que estas dos medidas son dos de las principales propuestas lanzadas por el jefe del Ejecutivo asturiano.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites para poner en marcha de forma "inmediata" el salario joven, del que se beneficiarán cerca de un millar de parados de menos de 30 años, y el cheque bebé, una ayuda de 2.000 euros que se otorgará en función de la renta de los progenitores o tutores a todos los niños nacidos o adoptados en la región.

Estos acuerdos han sido anunciados hoy por los consejeros de la Presidencia, Florentino Alonso Piñón; Economía y Empleo, José Manuel Rivero, y Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo asturiano.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno ha incidido en que estas dos medidas son dos de las principales propuestas lanzadas por el jefe del Ejecutivo asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, durante su discurso de investidura.

El portavoz ha añadido que el cheque bebé se plantea como una ayuda a gastar en comercios del Principado para los padres de niños nacidos o adoptados en Asturias mientras que el salario joven se plantea como un contrato en prácticas o formación con el que fomentar el empleo temporal. 

http://www.lne.es/asturias/2011/10/26/gobierno-pone-marcha-cheque-bebe-salario-joven/1148064.html

martes, 25 de octubre de 2011

El salario joven llegará a mil jóvenes, el tercio de los posibles demandantes.

El salario joven alcanzará a entre 950 y 1.000 jóvenes, de entre los aproximadamente 3.000 que cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con los cálculos de la Consejería de Economía y Empleo, según ha explicado hoy en la Junta General el titular de este departamento, José Manuel Rivero.

En una comparecencia parlamentaria para exponer las políticas que acometerá, esta vez solicitada por el PSOE, el consejero ha avanzado que espera que "en navidades" esté listo el proyecto para un nuevo Plan de Empleo.

Rivero comparece en la Junta. | Nacho Orejas
Sobre el salario joven, medida ya aprobada por el Consejo de Gobierno, Rivero confía en que pueda comenzar a operar el 1 de diciembre, frente al escepticismo del diputado de IU Jesús Iglesias, quien ha afirmado que es "administrativamente" imposible que se cumplan los plazos para que se firme algún contrato antes de enero.

Rivero ha sostenido que existen diferencias entre el salario joven y los contratos de formación o de prácticas que existían hasta ahora con los planes territoriales de empleo, entre otras, que el salario joven es temporal y los otros por obra o servicio.

Habrá un salario joven para ayuntamientos y otro para la Universidad (a la que corresponde un millón de euros, aproximadamente 20.000 anuales para 50 jóvenes).

Para los ayuntamientos se repartirán las cerca de mil plazas en función del nivel de paro en el municipio, con los perfiles requeridos hecho por los ayuntamientos y la selección final hecha por el Servicio Público de Empleo regional, y no por los consistorios como en los planes anteriores.

Los contratos de prácticas y los de aprendizaje no tendrán la misma retribución.

Susana López Ares (PP) ha discrepado con Rivero en cuanto a que la similitud del salario joven con los planes anteriores sea sólo que son locales ya que, ha añadido, comparten "filosofía".

Sobre los talleres de empleo, el consejero ha anunciado su intención de reducir los salarios, que son ahora de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) -1.077 euros al año- para bajarlos a 1,2 o 1,3 veces el SMI.

"Entendemos que 1.077 euros al mes es un salario que en los tiempos actuales no voy a decir que sea excesivo, pero si lo disminuimos en una pequeña cantidad se puede repartir entre más personas", ha argumentado Rivero, mientras Iglesias le ha dicho que IU no comparte esa filosofía.

Sobre I+D+i Rivero ha incidido en que "para innovar no es necesario tener veinte investigadores sentados", y López Ares ha lamentado que el Gobierno regional esté "empecinado en la i pequeña (innovación), cuando sin la I grande (investigación) y la D (desarrollo) no van a tener i pequeña".

"Tienen que plantearse cuáles son los incentivos que existen ahora mismo para que se trasfieran los resultados de la investigación universitaria", ha añadido la diputada del PP y exvicerrectora de la Universidad de Oviedo.

La diputada del PSOE Ana Rosa Migoya, que ha lamentado que el salario joven sea un "maquillaje" de lo que ya existía de cara a la campaña electoral, también ha criticado a Rivero por que del sector de las TIC no haya aún ninguna novedad sobre lo expresado en el programa electoral de Foro el pasado mayo.

Para Migoya, resulta "patético" y una falta de respeto a la iniciativa parlamentaria, mientras Rivero ha señalado que no ha compartido ninguna crítica de Migoya, por ser todas "destructivas" en vez de constructivas.

Otro diputado del PSOE, Constantino Fernández, ha cargado sus críticas en la actitud que tuvo Rivero en la última sectorial, porque fue escuchar al Ministerio sin hacer propuesta alguna.

Iglesias ha agradecido a Rivero que al menos se moleste en intentar dar respuesta, no como la mayoría de los consejeros del Gobierno en sus comparecencias parlamentarias.

El diputado de Foro José Antonio Martínez, para denostar que sean solicitadas tantas comparecencias en este inicio de legislatura, ha dicho a sus compañeros del resto de grupos parlamentarios: "Piensan que cuando están aquí (los consejeros) contestando a sus nimiedades les hacen perder el tiempo en el Gobierno". 

http://www.lne.es/asturias/2011/10/25/salario-joven-llegara-mil-jovenes-tercio-posibles-demandantes/1147509.html

El TS ratifica la ilegalidad de suprimir ayudas sociales a los empleados públicos del Principado de Asturias.


La decisión "unilateral" del anterior Gobierno regional infringió el Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que reconocía el derecho de los trabajadores laborales del Principado a percibir las ayudas sociales de año 2010 anuladas tras el recorte de gasto aprobado por el anterior Gobierno regional.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ante el conflicto colectivo planteado condenó al Principado a que convocase y concediese estas ayudas sociales, decisión contra la que la administración autonómica presentó un recurso de casación que ha sido rechazado por el Supremo.
El Supremo reconoce en su sentencia que un acto administrativo como el dictado por el Gobierno del Principado en agosto de 2010 "no puede derogar o suspender la eficacia de la norma convencional reguladora de la ayuda social.
Asimismo señala que la decisión "unilateral" del anterior Gobierno regional infringió el Estatuto de los Trabajadores y, en general, el conjunto normativo garante de la efectividad de las disposiciones convencionales, por lo que debe declararse la prevalencia del convenio y la ineficacia de dicha restricción.

Los sueldos de los banqueros se han doblado en seis años. La remuneración de consejeros y altos cargos se eleva por encima de los beneficios del sector de bancos y cajas

 La remuneración media que recibieron los consejeros y la alta dirección de las 15 entidades financieras más importantes de España -6 bancos y 9 cajas- creció el 48 % desde 2004 a 2010, lo que supone casi el doble de los beneficios registrados por estas entidades durante el mismo periodo, el 27 por ciento.
Esta es una de las principales conclusiones que se desprende de un informe  en el que se añade que en las cajas, solo la remuneración de consejeros creció un 80 % mientras el beneficio caía un 7 %. En total, la remuneración media de consejeros y alta dirección creció en las cajas el 47 %.
Por su parte, en los bancos, la remuneración media que recibió solo la alta dirección se incrementó un 52 %, frente a un alza de los beneficios del 46 %. En conjunto, las retribuciones de la alta dirección y de los consejeros de los bancos creció el 42 por ciento.

El informe también pone de manifiesto que en los últimos seis años, la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) elevó su beneficio un 3 %, y la remuneración media de su cúpula, un 94 %. Solo la retribución del consejo se incrementó el 542 %.

En el caso de otra entidad que ha recibido ayudas públicas, CatalunyaCaixa, su beneficio durante este periodo se redujo un 53 %, mientras que la remuneración media recibida por su consejo y la alta dirección creció el 93 %.

Fuentes de la entidad precisaron que el aumento de la retribución de toda la cúpula se debe a que dichos datos incluyen los sueldos que percibieron los consejeros de las tres cajas -Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa- que en ese momento se encontraban en proceso de fusión.



También se confirma que la cúpula de algunas cajas ha aprovechado su conversión en un banco para multiplicar sus remuneraciones y el número de consejeros.


Además, manifiesta que en los bancos el número de consejeros y altos directivos que se han visto beneficiados por los contratos con cláusula de blindaje asciende a 65 personas, mientras que en las cajas de ahorros existe opacidad en este asunto, aunque algunas se están conociendo ahora públicamente.


http://www.lne.es/economia/2011/10/25/sueldos-banqueros-han-doblado-seis-anos/1147598.html

Trabajadores RTPA convocan movilizaciones ante la ´incertidumbre´ laboral.

Los trabajadores de la Radio Televisión del Principado de Asturias y de las productoras subcontratadas han convocado movilizaciones en demanda de "soluciones" a la "incertidumbre" laboral por el recorte presupuestario del Gobierno a la cadena pública.

Las protestas comenzarán el jueves próximo a las 16:30 con una manifestación entre de la estación ferroviaria de Renfe en Oviedo y la Junta general del Principado continuarán un día después con una concentración ante la sede del Parlamento asturiano y finalizarán en una primera fase con un concierto de música en Gijón.

Once grupos musicales actuarán el sábado que viene en la sala de fiestas Oasis, en Gijón, en una iniciativa impulsada por los propios artistas que han querido reconocer de esa forma el apoyo que le ha dado la cadena publica en la difusión de sus obras, según ha informado el comité de empresa.

Los trabajadores, que han recogido ya unas 70.000 firmas de apoyo, han denunciado la situación de "incertidumbre" que viven por la cancelación de 11,3 millones de euros de subvenciones del Gobierno de Asturias, que "amenaza" la continuidad de las emisiones de radio y televisión.

Al menos un centenar de empleados de productoras subcontratadas no están cobrando sus salarios y se han producido despidos en algunas de estas empresas, según han informado.

Algunos programas de radio "podrían desaparecer" esta misma semana al ser en su mayoría elaborados por personal subcontratado por productoras a los que cadena pública "no les puede pagar" sus servicios por falta de liquidez, ha afirmado la locutora Xana Iglesias.

La productora Zebra ha anunciado 16 despidos y Enfoque Visual, que tiene asignado el trabajo de cámara de los informativos, ha advertido de que despedirá a algunos de sus 18 empleados, según ha indicado un portavoz de los trabajadores

http://www.lne.es/asturias/2011/10/25/trabajadores-rtpa-convocan-movilizaciones-incertidumbre-laboral/1147524.html

Nueva condena al Ayuntamiento de Langreo por vulnerar los derechos sindicales de USO.


En una nueva Sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condena al Ayuntamiento de Langreo a pagar una multa de 3.000 euros por vulneración de la libertad sindical.
La condena, similar a la ya impuesta por hechos similares el año pasado, es respuesta a la demanda presentada por la Sección Sindical de FEP-USO en el Ayuntamiento por vulneración del derecho fundamental a la información.
Mª Esther Díaz García, Alcaldesa de Langreo
Nuestros compañeros de la Sección Sindical de USO en Langreo han acogido favorablemente esta nueva sentencia condenatoria, y han anunciado la próxima interposición de nuevas denuncias, ya que el Ayuntamiento sigue vulnerando, de manera contumaz, nuestra libertad sindical, negándonos el derecho a la información, lo que nos impide poder desarrollar la acción sindical y representar a los compañeros y compañeras que nos han otorgado su confianza en las urnas.
Los compañeros también han manifestado que toda la responsabilidad recae sobre el concejal delegado de Personal, Julio Cesar García Menéndez, que en vez de dedicarse a su labor se dedica a perseguir a los afiliados y afiliadas  de USO, negándonos lo que legalmente nos corresponde y abriendo expedientes disciplinarios.
Además, la Sección Sindical de USO ha iniciado acciones Judiciales contra el Ayuntamiento por la negativa a facilitar a nuestra organización un local sindical.

sábado, 22 de octubre de 2011

Los becarios ya cotizan Empresas y organismos pagarán 42 euros al mes por estudiante. La norma prevé que también se puedan «rescatar» períodos anteriores a efectos de la pensión

El Gobierno aprobó ayer un real decreto que regula la cotización de los actuales becarios y de los que ejercieron esta actividad en el pasado, una puesta al día que permitirá a la Seguridad Social ingresar unos 138 millones de euros al año, según el Gobierno.

Las becas remuneradas vinculadas a estudios universitarios o de formación profesional de empresas, fundaciones o administraciones públicas se tendrán en cuenta a partir del 1 de noviembre para el cálculo de la pensión, beneficiando a unas 30.000 personas. Las empresas deberán cotizar por cada uno de ellos unos 42 euros, mientras que a cargo del becario irán 6 euros. Con esta fórmula la Seguridad Social ingresará al año 18 millones de euros.

Pero, además, para los que hayan tenido una beca antes de la entrada en vigor del real decreto la norma establece la posibilidad de que, de forma voluntaria, puedan firmar un convenio especial con la Seguridad Social y cotizar para que esos períodos sean tenidos en cuenta o «rescatados». Les supondrá un coste de unos 150 euros por cada mes que quieran que se «rescate» para el cómputo de las pensiones y el límite será de dos años. Se calcula un mínimo de unos 100.000 beneficiarios, pero pueden llegar a 200.000. Esto supondrá unos ingresos de unos 120 millones de euros al año para la Seguridad Social.

El plazo para solicitar el rescate de las becas no cotizadas finaliza el 31 de diciembre de 2012. Un día después entra en vigor la reforma de la Seguridad Social aprobada el 21 de julio de este año, que eleva, progresivamente (hasta 2027), la edad de jubilación de 65 a 67 años y aumenta de 15 a 25 años el período de cálculo de la pensión.

La posibilidad de cotizar por trabajos antiguos como becario puede ser muy útil para quienes necesiten completar el número de años mínimo de cotización (38,5) que deberán acreditar los trabajadores para poder seguir jubilándose a los 65. También puede resultar rentable para aquellas personas que no alcancen el mínimo de período cotizado (15 años) que da derecho a una pensión contributiva. Los sindicatos aplaudieron ayer la nueva norma que regulariza la situación de los becarios.

http://www.lne.es/economia/2011/10/22/becarios-cotizan/1146182.html

El Supremo anula el nombramiento de 161 mandos del Principado por designarse a dedo. El Tribunal desestima un recurso interpuesto por el Gobierno de Areces y hace firme la decisión del TSJA.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado -en una sentencia fechada el 14 de julio de 2011, que acaba de ser notificada- la anulación del sistema de libre designación de 161 puestos de jefatura de servicio y de área del Principado. Según recoge el fundamento de derecho número dos de la sentencia, se anulan, por haber sido nombrados a dedo, 154 puestos de funcionarios y 7 de personal laboral, a los que podrían haber optado los demandantes, cuatro miembros del colectivo Conceyu por Otra Función Pública en Asturias.

El Tribunal Supremo asume en todos sus términos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 30 de abril de 2009, un fallo contra el que los servicios jurídicos del Principado, ya durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, habían interpuesto un recurso de casación. El fallo del Supremo hace firme la anulación de las designaciones y abre la puerta a reclamar su ejecución. Y, aunque las designaciones fueron llevadas a cabo por el anterior Gobierno del PSOE, Conceyu vuelve la vista hacia el actual Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos y pide a Foro Asturias que cumpla sus promesas electorales, «así como las declaraciones efectuadas por el presidente, Francisco Álvarez-Cascos, en su discurso de investidura». Foro prometió atajar la libre designación y dar prioridad a fórmulas de selección de personal «más justas». «De hecho», señalan desde Conceyu, «los responsables de la función pública asturiana», que dependen de la Consejería de Hacienda y Sector Público, en manos de Ramón del Riego, «en sus comparecencias ante la Junta General, señalaron que se acatarían las resoluciones judiciales sobre el uso excepcional y motivado de la libre designación para puestos concretos y singulares en los que concurran funciones o elementos de especial responsabilidad y confianza, sin generalizarlo para determinadas categorías». 



El revés del Supremo a la política de función pública diseñada por la Administración regional de Vicente Álvarez Areces no es nuevo. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya había anulado, hasta en cuatro ocasiones, una convocatoria de puestos de altos funcionarios del Principado por haber sido designados a dedo. Los tribunales han cuestionado la predilección que ha mostrado hasta ahora la Administración regional por el sistema de libre designación frente al concurso de méritos y han declarado ilegales los métodos utilizados para cubrir alrededor de trescientos puestos de jefes de servicio, coordinadores, asesores y similares. En el punto de mira, la antigua Consejería de Administraciones Públicas que dirigía la socialista Ana Rosa Migoya. El Principado (anterior Gobierno) ha recurrido, también en casación ante el Tribunal Supremo, el resto de resoluciones condenatorias cosechadas en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6143667&links=libre%20designaci%F3n&optimize=20111017

viernes, 21 de octubre de 2011

El Tribunal Superior da luz verde al plan de recursos humanos del Servicio de Salud

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado luz verde al plan de ordenación de recursos humanos del Servicio de Salud del Principado (Sespa), aprobado por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces en noviembre de 2009. Entre otros contenidos, la sentencia califica de «razonable» imponer un régimen de dedicación exclusiva a «los puestos de mayor responsabilidad».

Los contenidos del citado plan que más rechazo habían suscitado por parte del Colegio de Médicos y del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) son la jubilación forzosa e inmediata de los facultativos de 65 años y más, la posibilidad de trasladar de forma obligatoria a un profesional de un área sanitaria a otra, el sistema de libre designación de jefaturas y cargos intermedios y la imposición de la dedicación exclusiva también a jefaturas y cargos intermedios.

Tanto el SIMPA como el Colegio habían llevado a los tribunales uno de los documentos más controvertidos de la anterior legislatura sanitaria. La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal asturiano corrobora la legalidad de algunos de estos aspectos, mientras que en otros señala que habrá que valorar la aplicación del plan a cada caso concreto.

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2011/10/21/tribunal-superior-da-luz-verde-plan-recursos-humanos-servicio-salud/1145741.html

jueves, 20 de octubre de 2011

Se corrigen errores en la Orden TIN/2335/2011, de 29 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Orden TIN/2721/2011, de 29 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden TIN/2335/2011, de 29 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/13/pdfs/BOE-A-2011-16079.pdf

Se resuelve la convocatoria de libre designación en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

Orden ITC/2720/2011, de 5 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ITC/2338/2011, de 29 de julio, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/13/pdfs/BOE-A-2011-16067.pdf

Nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/12/pdfs/BOE-A-2011-16033.pdf

Nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión.

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/12/pdfs/BOE-A-2011-16032.pdf

miércoles, 19 de octubre de 2011

Contratas Iglesias, nuevo grupo que entra en crisis tras el desplome de la obra pública. La constructora asturiana solicita el preconcurso para negociar con sus acreedores - Ceyd plantea despedir a unos sesenta trabajadores y reducir la jornada a parte de la plantilla -.

La constructora Contratas Iglesias ha solicitado el «preconcurso» en el Juzgado de lo mercantil para negociar un acuerdo con sus acreedores que evite la suspensión de pagos, siguiendo así los pasos de Ceyd, otra de las grandes del sector asturiano de la obra pública. Ceyd, por su parte, presentó ayer una propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) que puede implicar el despido de unos 60 trabajadores, además de un ajuste temporal con reducción de jornada para otra parte de la plantilla. El retraso en el cobro de obras ya ejecutadas para distintas administraciones públicas y la paralización de la inversión por los recortes presupuestarios están en la raíz de los problemas de ambas empresas. Pero no son las únicas, según los sindicatos, que advierten de que muchas pueden tener «serias dificultades» para pagar las nóminas y en «serio peligro» de cierre en los próximos meses. 
Contratas Iglesias, nuevo grupo que entra en crisis tras el desplome de la obra pública
Contratas Iglesias, con sede en Posada de Llanera, llegó a superar los 400 trabajadores y, según fuentes sindicales, tiene ahora una plantilla de unas 170 personas. Ha sido en estos últimos años, junto a Ceyd y a otras de tamaño análogo, una de las constructoras de capital asturiano más activas en el negocio de la obra civil. La semana pasada comunicó a sus trabajadores que las obras de soterramiento de las vías de Feve en Langreo estarán paralizadas por lo menos hasta final de año, ya que el Principado adeuda 1,5 millones de euros al consorcio que conforma con Comsa y estas empresas no pueden adelantar más dinero. No es el único revés. Por ejemplo, Contratas Iglesias ya se vio obligada a renunciar a una obra en Carreño y a presentar un proyecto con una rebaja del 44% para lograr la adjudicación de 117 viviendas de alquiler proyectadas dentro del plan Vasco-Mayacina.

La situación es semejante a la que atraviesa Ceyd, la primera gran constructora que se ha visto en la tesitura de presentar una solicitud de «preconcurso» que le permita ganar tiempo para negociar con proveedores y bancos a fin de buscar un acuerdo que asegure la viabilidad de la compañía. Fuentes sindicales indicaron que distintas administraciones adeudan importantes cantidades a Ceyd.

Los problemas de cobro y la paralización de las obras públicas -hace más de un año que la empresa no tiene adjudicaciones- ha abocado a Ceyd a presentar a los sindicatos su propuesta para iniciar la negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE). Según los planes iniciales, la constructora, con una plantilla de unos 170 trabajadores, despediría a unos 60. A este ERE de extinción se sumará otra regulación temporal con reducción de jornada para otra parte de la plantilla, que continuará en la compañía, indicaron fuentes sindicales.

La construcción asturiana tiene en la actualidad unos 18.000 trabajadores y algo más de 12.600 parados, el triple que en 2007. Desde que estalló la crisis en 2008 hasta ahora han desaparecido casi 1.500 empresas entre sociedades y pequeños negocios de autónomos.


El Principado invertirá 11 millones de euros en la puesta en marcha del Salario Joven. Con este programa se subvencionará la contratación de jóvenes menores de 30 años en la modalidad de contrato en prácticas o contrato para la formación.

El Consejo del Gobierno del Principado de Asturias, presidido por Francisco Álvarez-Cascos, ha aprobado el acuerdo de autorización de gasto anticipado para financiar la convocatoria de concesión de subvenciones a los ayuntamientos de Asturias para la ejecución del programa Salario Joven.

Esta decisión ha sido aprobada este martes en la reunión del Consejo de Gobierno. Con este programa se subvencionará la contratación de jóvenes menores de 30 años en la modalidad de contrato en prácticas o contrato para la formación y el aprendizaje. El importe total previsto asciende a 11 millones de euros.

En el ámbito de la Consejería de Educación y Universidades, el Principado también ha autorizado un gasto de 4.526 euros en dos anualidades (1.200 euros para 2011 y 3.326 euros para 2012) para la ejecución del servicio de dirección de las obras de ampliación de dos unidades y porche en la Escuela El Campal de Villoria (Centro Rural Agrupado Alto Nalón) en Laviana.

Como complemento a esta medida, el Consejo del Gobierno ha aprobado la contratación y el gasto de 1.310 euros en dos anualidades (300 euros en 2011 y 1.010 euros en 2012) correspondiente al servicio de coordinación de seguridad y salud de esta obra en Laviana.

Asimismo, en la reunión también se ha aprobado un gasto de 168.608 euros destinados a la contratación del servicio de limpieza del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo. Este gasto se reparte en tres anualidades: 15.328 euros en 2011, 84.304 euros en 2012 y 68.976 euros en 2013. 

http://www.lne.es/asturias/2011/10/19/principado-invertira-11-millones-euros-puesta-marcha-salario-joven/1144917.html

lunes, 17 de octubre de 2011

Asturias, ve imposible redactar su presupuesto.

Castilla y León y Extremadura son, junto a Asturias -que ve dificultades «insalvables» para elaborar su Presupuesto-, las únicas comunidades autónomas dispuestas a prorrogar sus cuentas anuales en el caso de que el Ejecutivo central no les concrete las aportaciones económicas para el ejercicio que viene. Conocer el importe de esas transferencias es, para estas tres autonomías, condición indispensable para elaborar la propuesta económica anual. El resto de regiones, en su mayor parte, también reclama más información, pero descarta acudir a la prórroga. 
Ramón del Riego.
Según los expertos, y una vez comprobado que José Luis Rodríguez Zapatero abandonará la Moncloa sin los Presupuestos de 2012, el Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre no dispondrá de tiempo suficiente para diseñar sus cuentas antes de que concluya el año. De esta forma, las comunidades autónomas se ven obligadas a redactar las suyas en base a unas previsiones que tanto el Principado como las comunidades gobernadas por el PP ven demasiado inconcretas o desfasadas.

El Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos ha emitido una nota en la que sostiene que la ausencia de un proyecto de Presupuesto estatal, y la «negativa» del Gobierno central para dar a conocer las transferencias para 2012 suponen un «vacío insalvable» para elaborar las cuentas regionales. Castilla y León, Extremadura y, en menor medida, Murcia sostienen idénticas tesis, mientras que las restantes autonomías, aunque sin ahorrar críticas a Zapatero, están dispuestas a llevar las cuentas a sus respectivos parlamentos en cualquier circunstancia. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, del PP, habla de «responsabilidad».

Los economistas consultados por LA NUEVA ESPAÑA sostienen que, aunque con mayores dificultades que teniendo como base el Presupuesto estatal, en estas condiciones también es posible que las comunidades elaboren sus cuentas. Ángel de la Fuente, investigador del CSIC, lo considera una «obligación» y recuerda que el Ministerio de Economía ya dio una estimación sobre sus planes el pasado julio, aunque reconoce que «podrían cambiar» y que las proyecciones se realizan ahora «con más riesgos de lo normal». Por su lado, Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, también ve posible que el Ejecutivo autonómico elabore sus cuentas en las circunstancias actuales, aunque advierte de que la falta de información concreta sobre los ingresos puede abocar a las regiones a la prórroga presupuestaria o a elaborar unas cuentas que se queden «en el aire».

En línea con el PP nacional, el Gobierno casquista anunció en la citada nota pública que ha solicitado a la ministra de Economía, Elena Salgado, la convocatoria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese cónclave, integrado por el Ejecutivo central y los consejeros autonómicos del ramo, Salgado debería detallar a los gobiernos regionales las cantidades que van a recibir de la Administración central, para que, con esa previsión, y ante la falta de un Presupuesto estatal, puedan redactar sus cuentas. En principio, Economía no está por la labor de convocar una reunión que también ha sido solicitada por el presidente nacional de los populares, Mariano Rajoy, y que Salgado no tendría más remedio que aceptar si así se lo pidiera un tercio de las comunidades autónomas.

El consejero de Hacienda y Sector Público del Principado, Ramón del Riego, quiere reunirse con sus homólogos de otras comunidades autónomas para «fijar una posición común» ante la ausencia de un proyecto de cuentas estatales, que, según la nota del Gobierno autonómico, es algo «inédito en nuestra democracia» y que, además, provoca «a todas las comunidades autónomas de régimen común un vacío insalvable para elaborar sus Presupuestos» anuales para 2012.

Sin embargo, y pese a la advertencia de Del Riego, hasta la fecha sólo Extremadura y Castilla y León se han topado de bruces con el escollo insalvable. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a cuyo frente está María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, asegura que, «pese a la incertidumbre y a las dificultades», tiene previsto presentar su propuesta «cuanto antes», para «cumplir con los ciudadanos de la región», según indicó su portavoz. Lo mismo sucede en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo, también del PP, se compromete a llevar las cuentas al Parlamento «por responsabilidad».

El Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, «buque insignia» del poder popular autonómico, también se muestra dispuesto a presentar el documento, aunque sea «a ciegas». Idéntica postura muestra Luisa Fernanda Rudi (PP), en Aragón, que aboga por sacar adelante las cuentas, aunque tenga que modificarlas parcialmente dentro de unos meses. En Cantabria, el popular Ignacio Diego descarta la prórroga, y en Valencia, Alberto Fabra, del mismo partido, ha dejado claro que no va a eludir «la responsabilidad». Aunque no habla de prórroga, Murcia dice que trabaja en el proyecto de las cuentas autonómicas, pero que tiene «graves problemas» para avanzar. Andalucía, bastión socialista, es la comunidad más adelantada. El Gobierno de Griñán ya presentó las cuentas.


domingo, 16 de octubre de 2011

Se procede al reconocimiento de categorías personales dentro del sistema de carrera horizontal

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se procede al reconocimiento de categorías personales dentro del sistema de carrera horizontal, de los funcionarios de carrera y personal laboral fijo que prestan servicios en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos que solicitaron su incorporación en la Convocatoria de 16 de mayo de 2011.
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/15/2011-19810.pdf

Se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Oviedo

Resolución de 1 de octubre de 2011, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Oviedo, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema general de acceso libre.
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/15/2011-19790.pdf

«Los gobiernos sobran porque quienes gobiernan son los poderes económicos»

Francisco Baragaño Secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO)
Francisco Baragaño (Tuilla, 1949) es el secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) desde hace 20 años. Este antiguo portero de balonmano no deja pasar una pregunta, despeja como puede las cuestiones incómodas y a veces organiza el contraataque. Pide que la USO entre en la próxima concertación y dice que más ayudas que los sindicatos recibe la patronal Fade.

No me produce miedo el PP y yo no soy como otros que dicen cuidado, que viene la derecha»
«No aceptamos moderar salarios. Sólo falta que nos pidan trabajar un día gratis a la semana»
-¿La reordenación de la siderurgia europea que puso en marcha Mittal beneficiará a las factorías asturianas?
«Los gobiernos sobran porque quienes gobiernan son los poderes económicos»
-Es posible, porque tenemos unas instalaciones diversificadas y con productos que son muy competitivos. El handicap está en los largos.
-¿Hay que estar preparados para lo que se avecina?
-Sí. Nosotros siempre lo hemos estado porque nunca nos hemos fiado de Mittal. Los trabajadores han dado la talla pero sin embargo, en lo que toca a Arcelor-Mittal las dudas las tengo todas. El mercado es el amo y el dueño de todo. Nos salva la diversidad de productos que hacemos y el puerto de El Musel.
-¿Frente a las grandes multinacionales ya no vale el paraguas de los gobiernos?
-Los gobiernos deben hacer cumplir las normas y dejar claro que esto no es el cortijo de los Mittal. Las reglas de juego y los compromisos adquiridos por Arcelor deben ser cumplidos.
-¿La inversión en las baterías de cok garantizará el futuro de la siderurgia asturiana?
-Sí, pero no sólo. También están las inversiones en los hornos. Podría haber habido más inversión de la que hay, aunque no está mal.
-Portugal aumentará la jornada laboral, eliminará las pagas extras y congelará las pensiones. Cuándo las barbas de tu vecinos veas pelar.
-Portugal era de los países con menos paro y ahora está sufriendo. Al final, los gobiernos tiran siempre de lo más fácil. Nos puede pasar lo mismo porque está claro que los siguientes somos nosotros.
-¿Los recortes de las comunidades autónomas?
-Son un atentado al estado del bienestar porque recortan los servicios públicos. No estoy en contra de que se optimicen los recursos y se elimine lo superfluo, pero reducir el número de profesores o de médicos cuando hay listas de espera no es de recibo.
-El Principado descarta recortes en servicios pero ¿lo gordo está por llegar?
-Sin duda y ya lo están anunciando. Los nuevos recortes van a ser más importantes. Que los dejemos hacerlo eso ya será otra cosa. En el discurso de investidura el presidente dejó claro que no iba a haber recortes en absoluto.
-La RTPA se ha llevado uno de los ajustes más polémicos y el Gobierno lo justifica porque dice que hay que abrir hospitales. ¿Qué opina?
-Decir eso es echar a a la opinión pública contra 800 trabajadores. Es una actitud demagógica que rechazamos. La RTPA está dando un buen servicio y una buena cobertura y para nosotros es importante tener una televisión pública.
-¿Qué cree que va a pasar tras las elecciones del 20-N?
-Que el gobierno que salga, sea el que sea, va a seguir siendo incapaz de poner freno a los poderes económicos. Yo no tengo ningún miedo a un gobierno del PP. Si lo hacen bien no vamos a tener pudor en reconocerlo y si lo hacen mal lo denunciaremos y nos movilizaremos. No me produce miedo el PP y yo no soy como otros que dicen cuidado, que viene la derecha.
-¿Los gobiernos tienen cada vez menos margen de maniobra?
-Los Gobiernos hoy día son cautivos de los poderes económicos y no tienen poder. Es lamentable que gobiernos democráticos estén dirigidos por la economía y que sean los poderes económicos los que gobiernen los estados. Sobran los gobiernos porque nos gobiernan los poderes económicos.
-¿Qué balance hace del nuevo Gobierno tres meses después de la toma de posesión?
-Está empezando a dar algunos pasos, pero se ve muy paralizado. Me preocupa, sobre todo, el talante que está teniendo la política en esta comunidad. Hay enfrentamientos barriobajeros. No se cuidan las formas y hay un desprecio total al contrincante por parte y parte. Este Gobierno regional lo tiene mal y si gobierna el PP en el Estado lo tendrá peor. Parece que el Ejecutivo asturiano va a quedar aislado. Un mal panorama.
-Cascos habló de rebajar impuestos ¿Cómo lo ve?
-Mal. Habla de la eliminación del céntimo sanitario y yo creo que deberían ser dos los céntimos a aplicar sobre las gasolinas para destinar ese dinero a medidas de creación de empleo o de infraestructuras. La eliminación de impuestos no es la solución, sino la mejor distribución de los mismos. Lo que se necesita es una reforma fiscal.
-Las agencias de calificación siguen rebajando la deuda española, se anuncia el parón de la economía alemana y una nueva recesión. ¿Nos espera un 2012 temible?
-Sí. Va a ser peor que este, sin duda.
-¿Cómo pueden arrimar el hombro los sindicatos en estos momentos tan difíciles?
-No somos parte del problema. Hay medidas que ya nos están afectando a los propios sindicatos, como las subvenciones y liberaciones pactadas. Nosotros aglutinamos a los trabajadores y queremos ser partícipes con debates y búsqueda de soluciones.
«Es una indecencia»
-¿Las organizaciones sindicales también están tocadas por la crisis?
-Nosotros llevamos tres años sin subir la cuota y estamos optimizando los gastos de una manera importante. USO no tiene subvenciones para el funcionamiento, las tenemos para el centro de formación y para prevención.
-¿Les critican el exceso de ayudas?
-Si pero nadie dice que la Fade se queda con el 50% de todas las ayudas para formación. Se lo lleva íntegramente la patronal y el otro 50% se reparte entre los sindicatos. Aquí se habla mucho de los sindicatos, pero la patronal también recibe y mucho.
-¿Están dispuestos a moderar los salarios?
-¿Más todavía? El IPC es del 3,4% y la media de subida es del 2,5% y hay convenios que llevan 4 años congelados. ¿Quieren que se trabaje gratis un día a la semana?
-¿Qué futuro tiene USO y cual es el papel de su sindicato en la concertación?
-En la concertación no jugamos ningún papel. Nuestro diálogo social es con nuestros compañeros y trabajadores en las empresas. Deberíamos estar porque no sobra nadie. Los planes y acuerdos de concertación son decisiones políticas y nosotros hemos pedido estar. Hay 60.000 trabajadores que nos han votado en Asturias y no es justo que se nos aparte del diálogo social.
-¿Qué opina del escándalo de los ejecutivos de las Cajas?
-Que es una indecencia. Pasa en los países bananeros y eso está pasando aquí. Clama al cielo.
-Las grandes fortunas de Francia piden que les suban los impuestos. ¿Qué le parece?
-Que demuestran un grado de responsabilidad muy grande en un momento difícil. Son listos y piensan en el futuro. Plantear eso aquí es impensable.

jueves, 13 de octubre de 2011

Despidos disciplinarios fallidos en la Administración: obligada readmisión.


La prensa se ha hecho eco de la inminencia de numerosísimos ERES tras las elecciones locales. Le toca a las Administraciones Públicas acometer la ingrata labor de desinflar el globo de las plantillas laborales hinchadas en tiempos de vacas gordas. En unos casos, se acudirá a ERES, en otros se declararán innecesarias las plazas temporales para amortizarlas, y en otros casos, aprovechando el cambio de color municipal o autonómico, incluso se acudirá al despido disciplinario de quienes consideren que incumplían sus obligaciones pero eran tolerados por autoridades “cómplices y complacientes”. En este último supuesto, tradicionalmente la Administración, al igual que los empresarios privados, procedía al despido del trabajador y si éste conseguía la sentencia social con la declaración de “despido improcedente”, (esto es, despido no justificado o no probada la causa o la entidad de la misma), la Administración tenía la llave para optar bien por la readmisión o bien por el despido concediendo la indemnización correspondiente a tan traumática expulsión.
1. Pues bien, justo es indicar el cambio de escenario jurídico de tales situaciones. Así, a diferencia del empresario privado, ámbito en que si el despido resulta improcedente el empresario conserva su potestad de elegir ( readmisión o indemnización por despido), en cambio  la Administración no tiene opción alguna, pues únicamente puede y debe readmitir al trabajador afectado. Es decir, antes del Estatuto Básico aprobado por Ley 7/07, los únicos que tenían garantizada la readmisión en la Administración eran los delegados sindicales y miembros del Comité de Empresa. Ahora, tras el Estatuto Básico, todos los trabajadores de la Administración tienen derecho a la readmisión si su despido disciplinario resulta improcedente. En la práctica, malditas las ganas que tiene un trabajador expedientado de continuar trabajando para quien no le quiere, pero la Administración tiene la virtud de su mayor dimensión y menor capacidad jurídica de “vendettas”, con lo que el despedido improcedente prefiere seguir trabajando para tan ingrato patrono.
Por si hubiera dudas del criterio legal impuesto por el Estatuto Básico del Empleado público, lo deja de forma tan clara como lacónica, la  Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de Noviembre de 2010 (rec. 88/2010),
“El artículo 96.2 del EBEP dispone que: ” Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave “. Por lo tanto para que proceda la aplicación de este precepto han de darse los siguientes requisitos:a) Que se trate de personal laboral fijo.b) Que el despido sea declarado improcedente. El artículo 96.1 b) del EBEP prevé como sanción: ” Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las desempeñadas”.c) Que se haya acordado el despido como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave  ”.
Eso sí, la sentencia se cuida de precisar que si el Convenio Colectivo se aparta de la previsión del Estatuto y concede tal opción al trabajador (no a la empresa) podrá no reincorporarse y ejercer su derecho a ser indemnizado.
2. El problema vendrá dado por situaciones conexas de problemática respuesta.
Por ejemplo, el contratado de alta dirección ( con contrato indefinido) y que puede combatir el despido por esta vía para quedarse anclado cómodamente en la Administración contra viento y marea de los cambios políticos. Aunque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre este supuesto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de mayo de 2008 (Rec 830/08) sostuvo que las relaciones especiales de alta dirección constituyen una excepción a lo dispuesto en el citado artículo 96.2 del EBEP, basándose en el artículo 13 del propio EBEP referido al “personal directivo profesional”, ya que la regulación del régimen jurídico de dicho personal depende de un desarrollo reglamentario que no se ha producido. Y por tanto, en tales casos conservaría la Administración la facultad de optar si el despido disciplinario del directivo se declara improcedente.
O el caso del trabajador en período de prueba al que le dan por extinguido el contrato por no superarlo, caso en que si la sentencia estimase el despido improcedente, al tratarse de una mera comunicación de no superar tal trámite, y no de un expediente disciplinario, tampoco sería aplicable el art.96.2 EBEP, tal y como declaró la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 20 de octubre de 2009.
O el caso posiblemente mas frecuente, de los trabajadores “indefinidos pero no fijos” en que tampoco se cumpliría la condición de ostentar la condición de “fijo” para que opere esa garantía de la readmisión obligada, en caso de declararse el despido improcedente.
3. Cuestión diferente fue la resuelta por la Sala de lo Social del Tribunal supremo en sentencia de 24 de Marzo de 2009 (rec.1364/2008) que  enfrentada al Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Marbella que, anticipándose al EBEP, establecía en beneficio de los trabajadores improcedentemente despedidos la opción entre readmisión o indemnización, dispuso que tales previsiones del Convenio Colectivo en cuanto atribuían tal decisión al trabajador y desplazaban el criterio del Estatuto de los Trabajadores de confiar tal decisión al empresario, eran legítimas pues el Derecho laboral siempre tolera Convenios mas favorables que la norma estatal. Por otra parte estableció algo de grandísimo interés, ya que quienes fueron despedidos eran “indefinidos no fijos”, admitiendo la Sala de lo Social que podían ejercer tal derecho de opción ( a diferencia del actual art.96.2 del EBEP el Convenio Colectivo no distinguía) pero eso sí, “reconociéndose por norma convencional que así, expresamente, se lo atribuye, el derecho de opción en caso de despido improcedente al trabajador, tratándose de una Administración Pública el reintegro a la actividad laboral nunca se podrá hacer en concepto de fijo y sí, en cambio, de trabajador indefinido. O sea, el trabajador optaba pero para quedarse en la misma situación (indefinido no fijo) hasta cobertura definitiva del puesto con arreglo a los procedimientos de publicidad, mérito y capacidad.
4. En definitiva, quede constancia de estas claves jurisprudenciales útiles para la gestión de recursos humanos, ya que bien está que se cumpla con la obligada readmisión de quien ha sido indebidamente despedido ( y además bajo un estigma infractor), pero tampoco puede desdeñarse lo positivo de atajar el despido-canallautilizado fraudulentamente por autoridades sin escrúpulos para, so pretexto de una infracción inexistente o no probada, acometer una “limpieza ideológica”, eliminar “ trabajadores molestos” u otras prácticas repudiables que de todo hay en las viñas de la Administración. Por eso, la solución del EBEP y su clara interpretación jurisprudencial resultan elogiosas. Al menos la Sala de lo Social coge el toro por los cuernos a diferencia del Tribunal Constitucional cuando ha tenido oportunidad de poner orden en el caos del personal laboral de la Administración, tal y como comentó Sevach en un post anterior.

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