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jueves, 22 de marzo de 2012

Los empleados públicos trabajarán dos horas y media más a la semana.

La medida, que recogerán los Presupuestos, afectará a funcionarios de todos los niveles y pretende «hacer más eficientes» las administraciones.

El Gobierno impondrá la semana laboral de 37,5 horas para todos los funcionarios del país, frente a las 35 actuales. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tiene previsto incluir esta medida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentará ante las Cortes a finales de este mes, dentro de un paquete de reformas del sector público. La decisión afectará a los responsables de la función pública en todos los niveles administrativos, tanto estatal como autonómico y local, y ya había sido anticipada durante las últimas semanas por distintos miembros del Ejecutivo. 

En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, indicó ayer durante su visita a Oviedo para arropar a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Mercedes Fernández, que «ningún funcionario tiene que ponerse a temblar, como dicen algunos», aunque reconoció que será necesario «llevar a cabo una serie de reestructuraciones para disponer de unos servicios públicos mucho más eficientes y adaptados» a la actual coyuntura económica. Dentro de estas reformas se incluye el aumento del horario laboral en dos horas y media a la semana de los empleados de las diferentes administraciones. «El país debe hacer un esfuerzo a todos los niveles y los presupuestos que aprobaremos a nivel nacional, y también los que se aprueben por autonomías y ayuntamientos, van a ser difíciles. Pero es la única forma de caminar en la dirección adecuada», destacó Montoro, durante un coloquio con empresarios. Y defendió la reducción de empresas públicas aprobada por el Consejo de Ministros. 

En otro orden de asuntos y a preguntas de algunos de los asistentes -entre los que se encontraban los presidentes de Alsa, Jacobo Cosmen; Hunosa, Teresa Mallada, y el director general de Los Ã?lamos, Ignacio Núñez-, el Ministro descartó que se vayan a imponer quitas a la deuda de las administraciones públicas con los empresarios y que esta figura se empleará sólo «para casos particulares, al ser un recurso voluntario dentro de la misma operativa». 

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