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jueves, 12 de diciembre de 2013

LA «RIFA» DEL FOGASA... Y DE ALGO MAS...

LA «RIFA» DEL FOGASA... Y DE ALGO
MAS...

«DE AHOGADOS... AL RÍO...»

Hay un dicho popular que, como tantos otros, suele retratar la cruda realidad... «de ahogados al río...» Frase que puede definir muy bien la situación que se vive actualmente en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

La acumulación de Expedientes en el FOGASA, Organismo Autónomo que se encarga de pagar las indemnizaciones y los salarios a los trabajadores de Empresas insolventes y/o en ignorado paradero ha llegado a convertirse en un clamor popular. Y no por la falta de profesionalidad de los Empleaos Públicos que trabajan en el mismo, y que día a día dan el 300 % de si mismos. Sino por la falta de previsión y diligencia de los responsables, o mejor dicho, de los irresponsables, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social... que han visto como el Organismo se iba hundiendo sin hacer nada para impedirlo. Hasta nos atreveríamos a decir que esta dejadez se ha planificado con cierto grado de alevosía y premeditación...

Más de 150.000 Expedientes en el 2012, para una mermada plantilla de 400 Empleados Públicos en toda España, de los cuales 130 son Letrados... Y aquí no pasa nada... Expedientes que en dinero contante y sonante suponen más de 1.700 millones de Euros que deberían revertir, cuanto antes, en los trabajadores que han tenido la desgracia de ver cerrar su Empresa, y consecuentemente se han visto en la calle y sin trabajo... y sin la indemnización que legalmente les corresponde... pues la Empresa no se las paga... y el FOGASA retrasa «sine die» la parte de la misma que le corresponde asumir.

Demasiado dinero... y demasiado jugoso... como para pasarlo por alto. Y lo mas lamentable, demasiados trabajadores -unos 300.000- esperando, o mejor aun, desesperando para cobrar lo que se les debe...

La situación hacía años que se veía venir -sino se esta ciego, o mejor dicho, si no se quiere estarlo-. En el 2007 ya fueron 42.243 Expedientes, llegando a los 212.167 en el 2011.

Como decimos se veía venir. Pero no se hizo nada. Tal vez... Quizá... A lo mejor... porque interesaba tensar la situación y así justificar la entrada de la «Empresa Privada» en el FOGASA... y en tantos otros sitios... Es el negocio de «rifar lo público» al mejor postor... o al que mas les guste a los que deciden... que es parecido, aunque no es lo mismo.

La solución dada por el Gobierno de turno, fue la implantación, el año pasado, del programa denominado GRETA (Gestión y Resolución de Expedientes Temporalmente Atrasados) y del programa FONO (Atención Telefónica)... Adjudicando dicha Gestión a la mercantil TRAGSATEC... -filial del Grupo TRAGSA- que es una habitual en estas lides... y de la que s.e.u.o. podemos decir que, muy lo que se dice muy privada, tampoco parece ser.

La consecuencia práctica de esta “externalización” al parecer, ha sido, según las fuentes consultadas, el traslado a dicha Empresa de los Expedientes correspondientes a seis meses de un total de 22 Provincias... . Mas concretamente los que van de Abril a Septiembre de 2013. Por cierto, vulnerando según nuestro entender, de forma flagrante la tan cacareada Ley de Protección de Datos, a la que echa mano la Administración cuando le conviene.

El problema surge, según nos informan estas mismas fuentes, porque estos Expedientes, que se trasladaron para agilizar su tramitación, aún no están resueltos, mientras que, curiosamente, los Expedientes correspondientes a meses posteriores, como pueden ser Octubre o Noviembre de este mismo año, ya han sido resueltos por el propio FOGASA.

Lo que lógicamente está ocasionando el consiguiente malestar entre los trabajadores afectados, que no entienden que un Expediente presentado en Abril no esté resuelto y que el presentado en Octubre, sí. Seguro que algo podríamos encontrar en la Ley de Procedimiento Administrativo sobre la obligación de resolver y la prelación de fechas... si rascáramos un poco sobre la misma...

Pero como lo primero es el trabajador... eso dicen... para hacer aún más difícil el mal trago por el que tienen que pasar aquellos que se quedan en la calle, sin empleo, y sin su indemnización... nuestros gobernantes, parece ser, que han denegado al FOGASA el acceso a dichos Expedientes que, como decimos, se encuentran actualmente en manos privadas. Por lo que ni tan siquiera pueden informar del estado de la tramitación los mismos, con las consiguientes quejas y malestar de unos trabajadores que ni pueden ni tienen por qué entender lo rocambolesco de esta situación... aunque, eso si, pagan directamente las consecuencias.

Entonces, ¿De que sirve dicha privatización? ¿Quien se beneficia de la misma?. El Empleado Público, desde luego no. El trabajador afectado, por lo que sabemos, tampoco...

Tal vez la respuesta a esta pregunta esté en un simple dato económico. Según los cálculos hechos por este Sindicato, y partiendo que la externalización ha costado 3,5 millones de Euros y que se han trasladado 180.000 Expedientes, si dividimos vemos que la resolución de un Expediente por parte de la Empresa Privada podría suponer un coste aproximado (s.e.u.o.) de unos 20 Euros... Mientras que el coste de los Expedientes resueltos directamente por el FOGASA podría rondar aproximadamente (s.e.u.o.) 1 Euro por Expediente.

De ser ciertos estos datos, la diferencia, o sea, unos 19 Euros por Expediente sería, en términos económicos... el coste... o las ganancias... de la citada privatización.

Desde la FEP-USO vemos con estupor, y no es la primera vez, y no creemos que sea la última, como nuestros gobernantes, dejan agonizar los Servicios Públicos por la vía del expolio en sus plantillas, para luego, ante la realidad de no poder atender adecuadamente la Función Publica que tienen encomendada, dada la carencia de medios personales y materiales, justificar públicamente, la necesidad de acudir a la Empresa Privada, vía encomienda, gestión de servicios o figura análoga, como única salida para corregir una situación, que ellos mismos -nuestros gobernantes- previamente han creado.

Este es el caso del FOGASA, y de tantos y tantos Organismos, de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, y sobre todo, de muchas Corporaciones Locales... Sin olvidar, claro esta, nuestro Sistema de Salud, y próximamente, hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que van a ver sustituidas por Empresas Privadas de Seguridad, en tareas y funciones, que hasta hace pocos días eran competencia exclusiva de las mismas. No es suficiente con privatizar servicios públicos... también se pretende vender la «auctoritas y la potestas...»

En RESUMEN, estamos asistiendo a «la venta», o mejor dicho, a «la rifa», de la gestión de nuestros Servicios Públicos. Lo que supone poner en serio peligro, de forma inequívoca, la independencia y eficacia de la Administración. Así como el mantenimiento de unos Servicios Públicos de Calidad, ajenos a criterios mercantilistas. Y consecuentemente desmantelar el Estado del Bienestar... Que algunos se han empeñado dejemos de disfrutar... Se trata, en suma, de que dejemos de ser ciudadanos -titulares de derechos y obligaciones-... y pasemos a ser meros clientes -sujetos susceptibles de generar ganancias a terceros-... previo pago, claro está... de los margenes comerciales y comisiones que procedan...

Ante esta salvajada, a la FEP-USO, nos tendrán siempre enfrente...

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