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fepuso asturias
10 de Septiembre de 2012 | Cuando España está al borde del rescate, cuando la Seguridad Social recurre al fondo de accidentes para pagar pensiones, cuando la función pública sufre un recorte demoledor, cuando el desempleo aumenta exponencialmente, cuando sube el IVA de un modo brutal en artículos de primera necesidad, la clase política sigue disfrutando del panorama que ofrece una ciudadanía atónita, angustiada, incrédula y desmotivada, como si nada pasara, asida al discurso tradicional de que las medidas se toman porque son necesarias y que “nunca llovió que no parara”.
Las denuncias que inundan la red provenientes, fundamentalmente, de funcionarios cercanos a las situaciones denunciadas, evidencian lo que todo el mundo ya sabía pero que adquiere dimensiones ofensivas en tiempos de crisis: los partidos políticos son la principal agencia de colocación del país.
La situación en el Ayuntamiento de Madrid y en su Comunidad, es especialmente reveladora. Vamos a omitir nombres y parentescos para no alargar innecesariamente estas líneas, pero cualquier interesado puede acceder a ellos con facilidad.
Los abusos se producen en las contrataciones en el denominado sector público, integrado por ese conglomerado de organismos autónomos, entes, empresas, consorcios, fundaciones y sociedades, creadas al amparo de ese fenómeno bautizado con el nombre de “huida del Derecho Administrativo”.
Bajo esta expresión que algún autor denomina más acertadamente “huida del Derecho Administrativo, del Presupuesto y de los controles financieros”, se han creado fórmulas organizativas en el ámbito público que pese a perseguir fines de interés general, su personalidad es privada o que, aún ostentando la condición de organismo público, se rigen en mayor o menor medida por el derecho privado.
Ciertamente, la tendencia a apelar a fórmulas instrumentales se inició a finales del siglo XX, pero en la segunda mitad de este último y a lo largo del XXI, el fenómeno se desbordó. Los denominados “entes fugitivos” abundan por doquier. En todos ellos hay dos notas comunes: una parte de la legislación administrativa deja de aplicarse y en todos se crea una administración a escala que implica la existencia de Gerente, jefe de personal, jefe de administración, jefe de los servicios jurídicos, jefe de intervención, jefe de prensa y, en ocasiones, algún auxiliar administrativo.
Se calcula que en España existen alrededor de 4.200 entes, cifra que nos releva de cualquier comentario.
Un examen superficial de ese conglomerado organizativo pone de manifiesto que muy pocos –en algunas comunidades y ayuntamientos, ninguno- supera el más mínimo ejercicio critico sobre la necesidad de su existencia. Las funciones de muchos de ellos, cuando no extravagantes a la Administración, podrían ser asumidas a nivel orgánico de servicios y/o secciones.
Pero la clave de bóveda de todo este aparataje seudo-administrativo es que viene sirviendo de cobijo a familiares, compañeros de partido y amigos, tal como sistemáticamente se viene poniendo de manifiesto en los medios de comunicación y en la red. El sector público se ha convertido en la principal empresa familiar del país.
Algo similar ocurre con el personal eventual. Su existencia no trae causa en necesidades de la Administración, sino de los partidos y, por tanto, no deberían tener la calificación jurídica de empleados públicos. Su exclusión del Estatuto Básico del Empleado Público es obligada y urgente.Redimensionar el sector público y excluir al personal eventual de la nómina pública, son dos actuaciones imprescindibles si de verdad se quiere solucionar la situación de ahogo económico que está lastrando a una Administración enferma, que respira con dificultad y que, por tanto, necesita eliminar tejido adiposo.
Mas, no seamos ilusos, ¿quién estaría dispuesto a suprimir estas dos inagotables fuentes de empleo familiar y político?.
Como afirmaba un conocido personaje de la escena pública “El bien común y el interés público, mantienen tal calificación en tanto coincidan con el interés de quien gobierna, en caso contrario, pierden esos atributos”. Dicho de otro modo: “Al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente la legislación vigente”.
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