EL MONUMENTAL FIASCO DEL PROYECTO “PAPEL CERO”

EL MONUMENTAL FIASCO DEL PROYECTO “PAPEL CERO”

En virtud de la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el día 1 de enero de 2016 se ha difundido en los medios de comunicación que el papel desaparecería de la Administración de Justicia.

Un año después de aquel “optimista” anuncio ministerial, podemos confirmar que la implantación del proyecto “papel cero” se hizo de forma precipitada y con importantes deficiencias, los que SPJ-USO ya denunció, pues a pesar de los importantes esfuerzos que por parte de todos los colectivos afectados se han realizado (funcionarios de justicia, letrados judiciales, jueces, abogados, procuradores) el expediente digital sigue sin ser una realidad y sin cumplir las expectativas que se habían puesto en el.

Durante este tiempo los funcionarios de la Administración de Justicia han tenido que lidiar con un sinfín de nuevas aplicaciones informáticas que rara vez han funcionado bien desde el principio, ni lo hacen aún en la actualidad.

Por su parte los Abogados y Procuradores han tenido que solventar no pocos problemas con sus respectivos programas informáticos y a día de hoy LEXNET sigue bloqueándose con demasiada frecuencia, y sin soportar la transmisión de archivos pesados, que han de ser entregados mediante soporte físico en el registro del Juzgado, lo cual implica que el procurador los aporta grabados en un CD y nuevamente repercute este problema en la labor del funcionario, que tiene que abrir cada documento,  en ocasiones miles, y después convertirlos en PDF para incorporarlos uno a uno al sistema.

   Por si fuera poco, desde SPJ-USO hemos detectado que existen aún muchísimos Juzgados en los que los funcionarios se ven obligados a imprimir todas las demandas y escritos presentados por las partes por orden de sus respectivos superiores, que se niegan a adaptarse a la nueva normativa. No es poco relevante la cuestión, pues los funcionarios se ve obligados a  consumir gran parte de su jornada laboral en realizar una tarea que es contraria a la propia Ley 42/2015, como si no fuera suficiente con la sobrecarga de trabajo que ya soportan.

La consecuencia inmediata de ello,  es que a raíz del anuncio del proyecto “papel cero”, se ha TRIPLICADO el consumo de papel en la Administración de Justicia, así como el consumo de tóner y gastos de mantenimiento de las impresoras, todo ello a costa de las arcas públicas, lo cual supone una evidencia de que esto, hasta la fecha,  más que un proyecto serio ha sido una “aventura” improvisada del Ministerio de Justicia.

            La pretendida supresión del papel que persigue el “proyecto papel cero” ha de ir necesariamente de la mano del desarrollo y efectiva implantación del EXPEDIENTE DIGITAL,  y aquí nos encontramos con el segundo gran escollo que está haciendo naufragar los planes del Ministerio de Justicia.

En este particular constatamos como nuevamente la Administración, y aquí también es responsable directa la de ámbito autonómico,  quiere conseguir la implantación del expediente digital sin proporcionar a los funcionarios los medios materiales necesarios. Es imprescindible para trabajar con el expediente digital una doble pantalla –visor de documentos-, pues actualmente los funcionarios se ven obligados a abrir y cerrar continuamente los escritos con los que están trabajando y la resolución que están elaborando en el programa de gestión,  lo que supone una gran pérdida de tiempo, algo que escasea bastante en los Juzgados, y un modo de trabajar muy ineficiente que puede provocar errores involuntarios. No se puede plantear la modernización de la Administración de Justicia sin una modernización de sus medios materiales.   Y nos preguntamos, ¿Quien sufre las consecuencias? En último término los ciudadanos, que ven como la tramitación de sus procedimientos sufre más dilación aún que la que ya tenían que soportar, pero también, como no, los funcionarios de justicia que trabajan en condiciones precarias y con medios materiales obsoletos.   Por ello es indispensable que, cuanto antes,  se proporcione a todos los funcionarios de Justicia una doble pantalla para que puedan desempeñar su trabajo de forma eficaz y digna, pues por un lado se les está pidiendo un gran esfuerzo para que se adapten a la nueva realidad judicial, (papel cero, expediente digital, nuevas aplicaciones informáticas) pero por otro lado se les está desmotivando continuamente al no proporcionarle los medios materiales necesarios.

Otras “virtudes” de este expediente digital en la actualidad es que no hay intercomunicación digital con la Fiscalía,  por ello los procedimientos que van desde el Juzgado a la  Fiscalía (todos los de ámbito penal) tienen que seguir tramitándose en papel.

Por otra parte, si una sentencia es recurrida en apelación, el procedimiento que se ha tramitado digitalmente hasta ese momento tiene que imprimirse íntegro, o bien grabarse íntegro en un CD para su remisión a la Audiencia Provincial, ya que tampoco es posible remitirlo digitalmente; eso mismo ocurre cuando se acumulan procedimientos entre juzgados, ya que los expedientes digitales no se pueden acumular informáticamente desde el sistema y ello implica que el Juzgado o Tribunal que recibe ese procedimiento tenga que incorporar uno a uno todos los acontecimientos del mismo, lo cual supone una labor muy tediosa, una duplicación innecesaria del trabajo y en definitiva una pérdida de un tiempo que se podría aplicar en otros trámites más necesarios.

Por todo ello desde SPJ-USO seguimos pensando que esto, en su conjunto,  más que un proyecto serio, supone una “aventura” improvisada por un Ministerio de Justicia más preocupado en acaparar titulares de prensa que en transformar y modernizar de forma eficaz la Administración de Justicia y por ello no cabe sino calificarlo, a fecha de hoy,  de monumental fiasco.

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