USO: La reforma laboral permitirá el despido masivo del personal laboral en las AA.PP.
El texto del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que ha entrado en vigor tras su
publicación en el BOE del pasado 11 de febrero, contiene medidas preocupantes para la estabilidad en el empleo en las Administraciones Publicas y levanta la veda a los despidos masivos tanto en la Administración General del Estado como en las Administraciones Autonómicas y Locales, empresas, fundaciones, entes y cualquier organismo público.
Bajo el pseudo título de "
insuficiencia presupuestaria", la
Disposición adicional segunda del Real Decreto regula la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público.
Mediante esta DA 2ª se añade una disposición adicional vigésima al Estatuto de los Trabajadores con el siguiente contenido:
“El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público”
También en la
Disposición adicional tercera, bajo el título
“Aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el Sector Público”, se añade una disposición adicional vigésima primera al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo con el siguiente contenido:
“Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.”
El Gobierno se justifica alegando que la norma
"facilitará el redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años"
A la vista del contenido de la citada Disposición Adicional 2ª
, únicamente (¿?) será necesario, para producirse los despidos, que se cumpla una de las siguientes circunstancias:
• Económicas: Insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes durante tres trimestres consecutivos".
• Técnicas: Cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público.
• Organizativas: Cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.
También es preocupante el contenido de la Disposición Adicional 3ª, ya que posibilitará la suspensión del contrato o la imposición de reducciones de jornada en los entes públicos que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado (es decir, la mayoría de las empresas públicas).
Estas podrán suspender los contratos o reducir la jornada de trabajo -entre un 10% y un 70%- por las mismas causas (insuficiencia presupuestaria, causas técnicas y organizativas).
Para suavizar la medida, en la
Disposición Adicional 8ª se regula la indemnización y sueldo de directivos de las empresas públicas del Estado (excluyendo la norma a las CCAA y los Ayuntamientos) y se establece que, en estos casos, la indemnizaciones por extinción de contrato no podrán ser superiores a siete días por año de servicio, con un máximo de seis mensualidades.
Los directivos que sean funcionarios o empleados de empresas públicas con reserva de puesto de trabajo no tendrán derecho a indemnización alguna.
Asimismo, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, se reserva la posibilidad de modificar las indemnizaciones, dietas y complementos de los responsables y directivos de la Administración General del Estado, en función de la situación económica y de las medidas de política económica.
Desde la USO, ya en una primera valoración, y sin conocer todavía la letra pequeña dijimos que
la reforma contenía luces y sombras y que, pese a ser una reforma necesaria, es totalmente insuficiente si no se acompaña de otras medidas para la recuperación económica.
Analizada la letra pequeña, desde la Federación de Empleados Públicos de la USO nos reafirmamos que las sombras oscuras se pueden convertir en negros nubarrones si se empiezan a aplicar los despidos masivos que la norma posibilita, en un país a punto de alcanzar los seis millones de parados.
Exigimos al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que la Reforma sea tramitada como Proyecto de Ley, para poder hacer llegar nuestras propuestas para conseguir un texto más justo y que facilite el empleo estable y de calidad.
Desde la USO creemos que los empleados y empleadas públicas ya hemos pagado suficientemente, desde el inicio de la crisis, un precio muy alto y no vamos a consentir que otra vez más se perpetre contra nosotros una nueva embestida, otro brutal ataque contra nuestros derechos laborales.
Esta nueva estocada hiere de gravedad a la clase trabajadora en general, y abre una dimensión hasta ahora desconocida en el entorno de las Administraciones Públicas.
Mostramos nuestro rechazo frontal a la aplicación de estas medidas en las AAPP y lucharemos contra este nuevo ataque que facilita el despido masivo del personal laboral del sector público.
Estamos ante otra medida injusta con el conjunto de los empleados públicos, y todavía nadie, y nos referimos a los partidos políticos que han gestionado las AAPP, han asumido su parte de culpa en la situación económica. Ellos han sido los verdaderos culpables de la actual situación y todavía a fecha de hoy, siguen sin devolver ningún euro malgastado de forma torticera con su patrimonio (personal e institucional de cada partido).
Por poner un solo ejemplo: Hasta el momento, ninguna Administración ha derogado los Decretos que permiten percibir altísimos complementos a los ex altos cargos. A eso se llama coherencia y solidaridad, con el resto de empleados públicos que si están sufriendo serios recortes.
¡¡Vaya políticos que tenemos!! Y por desgracia, no se salva NINGUNO.
¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando?
Es el momento de decir: ¡¡BASTA!!
23:41
fepuso asturias
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