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fepuso asturias
Leo con cierto asombro el editorial de Expansión de 9 de enero de 2012. Lo leo con atención por la confusión que me generan los datos del editorial titulado Desorbitada subida de salarios públicos.
El editorial manifiesta que "las airadas protestas ante el recorte de las retribuciones de los empleados públicos en Cataluña y otras regiones de España, y la amenaza de amplias movilizaciones en caso de que el nuevo Gobierno de Rajoy adopte medidas en el mismo sentido, contrastan vivamente con la evolución del sueldo medio de los funcionarios españoles en comparación con los de otros países de nuestro entorno".
Pero ahí empiezan mis dudas: ¿Qué empleados públicos: los funcionarios, los laborales, los eventuales, los interinos? ¿De qué Administración: del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, de las sociedades mercantiles de capital público, de las Fundaciones Públicas?
Desde luego, del editorial parece decirse algo de los "funcionarios españoles" para luego pasar a los empleados públicos y luego parecer referirse sólo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pero nada queda claro salvo el llamativo titular.
El editorial puede provocar a cierto sector de la sociedad –realmente cada vez menor por los datos objetivos que comentaré-, que piensa que el funcionario es, sin más, un privilegiado que cobra por no trabajar. Sin embargo, los datos parecen orientar el sentido común por otras lindes.
Así, el poder adquisitivo de los funcionarios de la Administración General del Estado –no de otros empleados públicos ni de otras Administraciones-, desde el año 1982 hasta la fecha ha bajado por encima del 45%. Se trata, simplemente, de comparar el IPC de cada año con las medidas en orden a la subida, congelación y bajadas salariales producidas durante esos años. Son datos oficiales, objetivos y fácilmente verificables.
Asimismo, se puede considerar al funcionario un privilegiado que percibe una retribución excesiva a su rendimiento y que goza de una estabilidad en el empleo ajena a la calidad de los servicios que presta y a la necesidad de que los funcionarios puedan desarrollar su labor con plenas garantías de independencia y objetividad al margen del signo político del Gobierno de turno.
Sin embargo, en junio de 2011 el Observatorio de la Calidad de los Servicios dependiente de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios concluía que en 2010 que los servicios públicos funcionan de manera satisfactoria o muy satisfactoria para un 56% de la ciudadanía; un 38% declara estar poco satisfecho y sólo un 6% se siente nada satisfecho.
Por supuesto, estos datos varían en función del ámbito de la actividad de servicio público donde nos movamos, pero es un dato general y global. ¿Es entonces cierto que el funcionario no trabaja mientras que la mayoría de los ciudadanos están satisfechos?
Se expresa también la idea de que hay un excesivo número de empleados públicos –no es lo mismo que funcionarios públicos, cuyo número, según el Tribunal Constitucional, debería ser el mayoritario en cualquier Administración Pública-.
Los últimos datos de 2011 publicados por la Dirección General de la Función Pública revelan que de los 2.683.370 empleados públicos que hay en España, son funcionarios del Estado un total de 456.933, 124.645 son personal laboral y 11.285 forman parte de "otro personal" como interinos, cargos de confianza o eventuales. Estos son los datos del Estado ¿Es una cantidad desproporcionada o inasumible? ¿Qué hay en otras administraciones?
Pues bien, en las comunidades autónomas hay 900.298 funcionarios. El 149.287 son laborales y en "otro personal" nos encontramos la nada desdeñable cifra de 292.700 trabajadores eventuales o interinos. En cuanto a las administraciones locales, sólo hay 217.785 funcionarios, en clara minoría; una cifra más que sorprendente de 386.152 laborales y 43.551 constan en el apartado de "otro personal". No podemos olvidarnos de las universidades, que cuentan con 63.158 funcionarios (33.747 laborales; y 3.878 en "otro personal".
Estos son los datos. Desde luego, unas cifras llaman más la atención que otras, y tenemos que tener en cuenta que una Administración de funcionarios que han accedido a su puesto de trabajo bajo el principio de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad siempre generará mayor confianza ciudadana y garantizará el principio de imparcialidad y de objetividad. Su inamovilidad –mal utilizada cuando se dice que al funcionario no cabe despedirle cuando lo que cabe es expulsarle de la función pública por medio de un régimen disciplinario que quizá sea más estricto y severo que cualquier norma laboral-, evitará que su trabajo dependa del signo político del Gobierno y la consiguiente politización de los servicios públicos.
Un dato más sobre la Administración General del Estado: de los 456.933 funcionarios ¿saben cuántos perteneces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas o a los Servicios Sanitarios y educativos o a la Administración de Justicia? Más de la mitad, y es a este número de funcionarios privilegiados, con sueldos excesivos, con horarios ridículos, etcétera, a los que se les dice además, que han recibido una «desorbitada subida salarial», cuando lo cierto es que han perdido la mitad de su poder adquisitivo desde 1982.
Los funcionarios seguiremos trabajando –lo hacemos, y mucho, en la inmensa mayoría de los casos- y como la inmensa mayoría de los trabajadores y empresarios del sector privado en España, seguiremos quejándonos de una pérdida cercana al 50% de nuestro poder adquisitivo –con prudencia y con sentido de la realidad económica que vive el país-.
Seguiremos dejando satisfechos a la mayoría de los ciudadanos –en estos tiempos y en cualquier otro, lo mínimo que deben recibir los ciudadanos, los trabajadores y las empresas es la mejor calidad del servicio público-, y sobre todo, jamás pensaremos que perjudicar un sector de actividad profesional o económica sea la solución para mejorar en otro sector, más aún cuando los datos objetivos nos marcan las vías por donde actuar y en la que no estamos los funcionarios del Estado.
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