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martes, 8 de noviembre de 2011

Los trabajadores de la TPA se sienten ´víctimas de una guerra política´

El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, trasladó ayer al comité de empresa de la RTPA su criterio de mantener el recorte presupuestario.

El comité de empresa de la Televisión Pública del Principado (TPA) ha advertido hoy que los trabajadores del ente se sienten "totalmente abandonados" y son "víctimas de una guerra política", por lo que han demandado soluciones inmediatas.

Así lo ha expresado en rueda de prensa, una de los miembros del comité, Esperanza Montes, quien ha incidido en que tanto los empleados de la emisora como de las productoras audiovisuales que trabajan para ella se encuentran en una situación "sin precedentes", tras el recorte de 11,3 millones de euros en el presupuesto del ente.

"Necesitamos una solución rápida, porque de no ser así estaremos ante el desmantelamiento del sector audiovisual en la región", ha incidido.

El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, trasladó ayer al comité de empresa de la RTPA su criterio de mantener el recorte presupuestario aprobado para la cadena autonómica y reclamó asimismo un pleno extraordinario de la Junta para designar al nuevo consejo de administración.

El presidente del comité de empresa, Óscar Vega, ha explicado que tras los encuentros mantenidos con las fuerzas políticas parlamentarias y con el Ejecutivo regional "no se ha avanzado nada, porque siguen los expedientes de regulación de empleo y no se cobran las nóminas".

"Necesitamos una solución ya, porque sino la situación se puede convertir en dramática para los trabajadores", ha alertado.

Vega ha explicado que si la solución pasa por la renovación del Consejo de Administración del ente "que se haga cuanto antes", aunque ha advertido de que la prioridad sigue siendo "que se pague a los trabajadores".

En la rueda de prensa, también han comparecido representantes del comité de empresa de la productora audiovisual Zebrastur, quienes han informado acerca de los expedientes de regulación de empleo que afectarán, según sus estimaciones, a 96 empleados.

Alberto García, uno de los miembros del comité, ha incidido en que esta situación es fruto de un "juego político" y ha pedido que "se pague lo que se debe". 

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